La naturaleza humana está dotada de la justicia, que nos inclina a abrirnos hacia los demás. Es la constante y perpetua voluntad de dar su derecho a cada uno. Implica igualdad, que se establece en relación con otro de manera eficaz, eficiente, rápida y proba.
La independencia del Poder Judicial, como órgano que conforma y determina el sistema republicano de gobierno, constituye uno de los pilares de garantía del debido proceso de justicia, por tal debe ser respetada en todas y cada una de las instancias procesales; sin embargo distintos factores dificultan el éxito de su misión, en una entrevista a Diario Clarín en marzo de 2018, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de La Nación, Ricardo Lorenzetti reconoció “el problema está en el funcionamiento de la justicia y en las dificultades para lograr la independencia”.
En el año 2017, con un fuerte aval político del oficialismo en aquel entonces, se logró incluir por “Decreto presidencial” como jueces del máximo tribunal de la Nación Argentina a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quedando más que evidente la injerencia política del entonces presidente Mauricio Macri. La presión política de Cambiemos quedó sellada con la renuncia del Dr. Lorenzetti como presidente de la Corte, así lo dejó demostrado la entonces diputada Lilita Carrió (integrante de la coalición gobernante) quien ante medios periodísticos expresó “Ganamos”, en referencia a la renuncia del magistrado.
Intromisión política del ejecutivo que avasalla las facultades que por Constitución Nac. (Art. 114) se le otorgan al Consejo de la Magistratura para seleccionar magistrados y determinar la administración del Poder Judicial; como así también decidir apertura de procesos de remoción de magistrados, suspender y/o formular acusaciones correspondientes; como ocurrió con el ex juez Luis Arias, quien fue destituido en su cargo luego de frenar el tarifazo en la Provincia de Buenos Aires y por sentencias contrarias a las decisiones del Gobierno Nacional y Provincial, como las medidas tomadas con los gremios docentes en aquel entonces por la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el tarifazo eléctrico.
Macri promovió la suspensión del camarista general Eduardo Freileer a quien ofreció que presentara su renuncia y evitará el juicio, garantizando su jubilación. Por no aceptar fue destituido mediante Juicio Político. Luego debió jubilarse el camarista, vocal de la Sala 1, Jorge Ballestero, en tanto el camarista de la misma sala, Eduardo Farah pidió el pase a otro tribunal, ¿Casual o injerencia política?. Vale recordar que Ballestero, Farah y Oyarbide fueron los magistrados que intervinieron en la causa en la que el ex presidente estuvo procesado por escuchas ilegales durante su mandato como jefe de gobierno porteño.
Otro caso también de la sala 1 es el caso del Dr Irurzun, que continuó en su cargo y fue quien dictó la prisión a Julio de Vido. Lo que, percibiendo desde nuestra desprotección ciudadana que se usa el Poder Judicial como revanchismo político.
Esta politización de la justicia que en mayor o menor grado se ha dado desde los gobiernos de Alfonsín a la fecha no solo afecta a determinados grupos de poder, sino que conlleva a la inseguridad jurídica que perjudica al país, sus instituciones y sobre todo a nosotros el pueblo, que somos quienes sufrimos una extensa cadena de consecuencias negativas: incertidumbre, impotencia, miedo, fallos arbitrarios, cajoneo interminable de expedientes judiciales, manipulación de pericias y/o pruebas, cuando alguien de poder se encuentra involucrado, más aún este dolor se profundiza cuando se llora la muerte de seres queridos. Estos expedientes judiciales no son ni más ni menos que el genuino reclamo y el ejercicio de la libertad suprema de un ciudadano, el pedido de justicia.
La corrupción en sentido jurídico y político es notoria con el uso indebido de la función pública en beneficios de pocos o algunos, el amiguismo, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos, hoy tenemos conciencia de que nuestra justicia es débil, que desde hace años viene soportando injerencias políticas, presiones mediáticas de grupos de poder que defienden a grandes corporaciones y utilizan la condena social previa tanto como los discurso de odio que hacen difícil (y porque no, imposible) que los fallos se ajusten a derecho, debido a la fuerte presión y show mediático que generan. Hoy no es secreto que las sentencias cambian por llamados telefónicos desde el sector político.
Estamos ante la posibilidad de acceder a un nuevo período de gobierno que implica una nueva posibilidad de los ciudadanos de evaluar qué necesitamos, qué modelo de país queremos y quién nos lo ofrece, no solo un sistema punitorio, sino una auténtica oportunidad, de que la justicia sea real sobre los ciudadanos de bien que hoy nos sentimos rehénes y víctimas.
Es nuestra obligación ciudadana concientizarnos sobre las plataformas de gobierno que se preocupen por la seguridad con claras estrategias y no la búsqueda desesperada de obtener votos.
Tomando los dichos de Ricardo Lorenzetti, “Necesitamos un Poder Judicial independiente, el tema es si lo queremos”.
