Con la presentación de testimonios de víctimas de la represión en Jujuy, el Congreso de Argentina comenzó a debatir la creación de una Comisión Bicameral que investigue el proceso de reforma de la Constitución en esa provincia norteña. El primer encuentro se desarrolló sin la presencia de legisladores de la oposición.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados inició el debate este jueves, 3 de agosto, con la escucha de denuncias de comuneros indígenas, abogados, docentes y otras víctimas de la represión policial, publicó la agencia Télam. La reunión estuvo presidida por la legisladora oficialista Paula Penacca, quien ratificó el compromiso de «acompañar las denuncias» frente a la «represión brutal que se dio en Jujuy en el marco de la sanción de una nueva Constitución provincial».
Durante el encuentro se escucharon varios testimonios, como el de Armando Quispe, referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy, un movimiento que marchó desde La Quiaca, ciudad jujeña fronteriza con Bolivia, hasta Buenos Aires. «El Estado provincial ha continuado con esta persecución, amenazas y armado de causas», dijo, al tiempo que denunció la gestión del gobernador Gerardo Morales «por no respetar los derechos vigentes». «Queremos que esta comisión haga una denuncia ante organismos internacionales. El Gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, a reprimir, tiene un tinte de carácter de racismo», continuó.
«Estoy acá porque hace dos semanas entraron por segunda vez en mi casa y mi vida corre peligro», denunció, por su parte, Camila Muller, referente del Colectivo Artistas en Lucha, que ve en la reforma un intento de «legalizar esta mano represiva de Morales que empezó hace 8 años».
En el mismo sentido se expresó, Joel Paredes, víctima del accionar represivo de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Humahuaca, que reclamó a Morales que «se haga cargo y dé la cara», a la vez que pidió «justicia para todos».
También brindó su punto de vista el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien vía Zoom exigió que «se termine la represión» en Jujuy. «Lo que está haciendo Morales tiene que ver con los recursos y los bienes que no le pertenecen a él sino al pueblo: el litio, la megaminería, el medio ambiente. Hay que revertir esta situación. Morales no es el dueño de los recursos, sino el pueblo», recalcó.
Reclamo a la Corte Suprema
Más allá de la presencia de víctimas de la represión en el Congreso, el Tercer Malón anunció que se quedarán frente al edificio de Tribunales donde funciona la Corte Suprema de Justicia, en la ciudad de Buenos Aires, hasta que sean recibidos por los miembros del máximo tribunal.
«Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema», afirmó el cacique Néstor Jerez, que prometió no regresar a Jujuy hasta que no tengan respuesta. Además, advirtió que, si los jueces no acceden al diálogo van a «recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Por último, denunció que en la provincia norteña «no hay Estado de Derecho», sino que «se vive una dictadura».
El origen del conflicto
El descontento popular se disparó en Jujuy a raíz de la reforma constitucional impulsada por Morales que prohibía el derecho a la protesta a través de «cortes de calles y cortes de rutas», así como «toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos» en la provincia.
Según organismos de derechos humanos, la nueva Carta Magna, que fue aprobada en apenas un mes, no fue consultada a la ciudadanía, ignora la voz de los pueblos indígenas y criminaliza el derecho a la protesta.
Su aprobación desató una reacción popular que derivó en una ola de manifestaciones y cortes de rutas que fueron respondidos con represión policial, que dejó cientos de heridos y numerosas detenciones.
